Cualquier gobierno democrático debería, mas allá del oportunismo desvergonzado de las promesas electorales, que se olvidan el mismo día que los ciudadanos les otorgan su confianza, “promover oportunidades para que mujeres y hombres puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana” como ha declarado, recientemente, Juan Somalia, Director General de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Sin embargo, los beneficios de la globalización se han distribuido de forma desigual, entre países y trabajadores. Esa globalización, como punta de lanza del capitalismo mas antisocial, enquistado en los EEUU, bajo la egida de Bush, ha colocado al mundo en una situación de crisis financiero- económica, que pretende solucionarse con la filosofía clásica del capitalismo más reaccionario, se privatizan las ganancias y se socializan las perdidas, cuyas principales victimas, como siempre, serán las clases trabajadoras, retrasando, al mismo tiempo, los objetivos de lucha contra la pobreza, promulgados por los mas diversos organismos internacionales, ONU, UNESCO, UNICEF o la OIT.
Las consideraciones sobre empleo y trabajo decente, han estado ausentes en las estrategias y programas, de lucha contra la pobreza, aplicadas por el Fondo Monetario Internacional (varios años dirigido por Rodrigo Rato) y el Banco Mundial, desde 1999. En el último informe anual, el Banco Mundial, clasifica con alta puntuación, los países con mercados laborales flexibles y escaso cumplimiento de los derechos de los trabajadores y la protección social, mientras otorga baja calificación, a los países que cumplen, aceptablemente, con las normas del trabajo.
No puede decirse que hayan existido avances significativos para lograr la mundialización del trabajo decente. Solo algunos datos: La mitad de los trabajadores, en el mundo, gana menos de 2 dólares diarios. 12 millones de personas trabajan en condiciones de esclavitud. 200 millones de niños y niñas, menores de 15 años, han de trabajar, en lugar de ir a la escuela. Más de 2 millones de trabajadores mueren, cada año, como consecuencia de accidentes o enfermedades laborales. Son muchos los países en los que los derechos laborales y sindicales no son respetados. Más de doce millones de personas, hombres, mujeres y niños, son victimas del trabajo forzado. 85 millones de jóvenes no tienen trabajo. Un numero, considerablemente mayor, ha de pasar por el calvario del subempleo y la precariedad laboral. La mayoría de trabajadores a tiempo parcial son mujeres, con sueldos, dos tercios inferiores a los que ganan los hombres.
Cada año, aumenta la precariedad en el trabajo y disminuye la protección social, desvirtuando el objetivo de avanzar hacia un modelo de trabajo decente. En los países en desarrollo, con repercusión directa sobre los países desarrollados, las rentas salariales tienen cada vez menor participación en la renta nacional. Bajo el pretexto de la competencia internacional, se cuestionan derechos sociales.
A esto hay que unir que, en muchos países, los sindicalistas y trabajadores que defienden el trabajo decente, para lo que intentan organizar sindicatos o participar en sus actividades, son despedidos, amenazados, agredidos, encarcelados, torturados o asesinados.
Ante esta situación, desde el octavo Foro Social Mundial, celebrado en Porto Alegre (2001), se viene planteando la necesidad de convocar una Día Mundial de Acción, para expresar las preocupaciones de la sociedad civil, con respecto al actual proceso de mundialización y reforzar la solidaridad y la convergencia del movimiento sindical y otras organizaciones y redes civiles.
Por fin, el 26 de enero de 2008, en Bruselas, se convoca a una movilización mundial, descentralizada, el día 7 de octubre, a la que se han sumado centenares de sindicatos y de organizaciones progresistas de la sociedad civil. Sindicatos de más de 100 países y 350 localidades han confirmado su participación.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional, a la que pertenecen CCOO y UGT, que agrupa a 311 organizaciones sindicales de 155 países, se han comprometido con el proyecto de movilizaciones.
Si la falta de trabajo es sinónimo de pobreza, el trabajo decente ha de proporcionar, oportunidades de trabajo productivo; ingresos justos; seguridad en el lugar de trabajo; protección social para los trabajadores y sus familias; mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social; libertad para expresar sus opiniones; derecho a organizarse y participar en las decisiones que inciden en su vida y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para todos y todas.
La cuestiones relacionadas con el trabajo decente, han de incluir la inmigración, la represión política, económica y sindical y el cambio climático.
Los Sindicatos, en la Unión Europea, añaden el rechazo a la Directiva comunitaria sobre Jornada de Trabajo, que permite ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales y que, con toda razón, consideran “la mayor agresión contra los derechos de los trabajadores y del modelo social europeo desde que se inicio el proceso de integración” que “avanza un modelo de relaciones laborales mas propio del siglo XIX que del siglo XXI”.
La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el próximo día 7 de octubre, con objetivos y reivindicaciones programados, será la primera jornada de acción sindical mundial, en la historia del sindicalismo. La participación en los paros, huelgas, manifestaciones y concentraciones, deberá ser una expresión masiva del rechazo de millones de trabajadores de la explotación de que son objeto.
El Gobierno español, por boca de su Vicepresidenta Primera, Mª Teresa Fernández de la Vega, apoya la Jornada y ha prometido continuar combatiendo la directiva comunitaria de las 65 horas de trabajo semanales.
No existen dudas sobre la necesidad de la convocatoria y de la conveniencia de una participación notable de los trabajadores. Hace dos días, en Sevilla, Cándido Méndez, Secretario General de la UGT, lo definía con claridad: “No estamos solo ante una jornada de solidaridad, sino de exigencia de algo que nos afecta a todos los trabajadores”. José María Fidalgo, secretario general de CCOO, proclamaba el orgullo de “haber sido protagonista de un hecho histórico, enfrentando un discurso de responsabilidad, solidaridad y trabajo decente, derechos y sostenibilidad frente al capitalismo carroñero que solo busca el beneficio rápido y finalmente, por la ética del movimiento sindical internacional frente a la actual crisis que no es solo financiera sino moral”.
Guy Rider, Secretario de la Confederación Sindical Internacional, manifestó su esperanza de que, a partir del día 7, se “creara un nuevo instrumento de intervención sindical internacional y contrarrestar las estrategias del capitalismo”.
Que así sea…
Justo Fernández Rodríguez
