El abogado del vecino que demandó al Ayuntamiento por la contaminación acústica que producen las campanas de la Catedral, Ramón Porras, considera “desproporcionada” la polémica que se ha levantado en la ciudad y la discusión estéril sobre si el tañido es patrimonio, tradición o costumbre, ruido o sonido. El letrado cree que la raíz del problema no radica tanto en estas cuestiones, sino en el derecho constitucional a la vida y a la integridad física y moral de su representado, como constató la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ramón Porras cree que se ha desviado la atención hacia un punto que no tiene debate, equivocando, con ello, la perspectiva, porque, en su opinión, en este contencioso, lo que se cuestiona no es “la calidad del sonido, sino de la cantidad”. “La quinta sinfonía de Beethoven o una seguidilla de Manuel Torres son un patrimonio, pero si suenan con demasiada fuerza y molestan pueden considerarse un atentado acústico”.

Entiende, por lo tanto, que por ese camino cualquier movilización o ataque hacia su alegato es errado, más aún cuando cuenta con el mejor aval: la Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico europeo y español. Por ello, considera que en la sociedad jiennense se ha instalado un “falso debate” y no se ha entrado de lleno en lo que realmente importa: las campanas de la Catedral contaminan y suponen un “agresión acústica” contra Antonio Rus, como reconocen los propios informes de la Patrulla Verde.  Dice que la ley es clara y que, con ella en la mano, al Cabildo Catedralicio no le queda otra alternativa que modular el repique de las campanas para que la emisión se ajuste a la norma, aunque acepte el abogado la excepcionalidad marcada por la Concejalía de Medio Ambiente para que el tañido suene por encima de lo permitido cuatro días “señalados” al año. “Es algo en lo que todos estamos de acuerdo, al igual que ocurre con las fiestas de un barrio”. No tanto así con la posibilidad de modificar la ordenanza municipal, porque, a su juicio, sigue sin atender el precepto constitucional. Asimismo, lanza una advertencia: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y demás ordenamiento jurídico”.

Antonio Rus comenzó en 2004 una cruzada contra la contaminación acústica que producen las campanas de la Catedral. Batalló hasta la saciedad para demostrar que el tañido era perjudicial para su salud y para la del resto de su familia. Ahora lucha contra la incomprensión de sus vecinos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio la razón. La Concejalía de abogados del  Medio Ambiente reconoció que el nivel sonoro de las campanas es “intorelable”. Pese a que ha conseguido su objetivo y el Cabildo Catedralicio debe bajar el volumen del tañido, Antonio Rus se ha convertido en la diana de las críticas de sus vecinos del barrio de San Ildefondo y en objeto de una campaña de firmas para defender el valor patrimonial, cultural y tradicional del repique de las campanas de la Catedral, algo que, por otro lado, nadie pone en duda