Human Rights Watch, acusa:"El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores del paramilitarismo con la seriedad que amerita este problema”.  Ellos han cometido masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, al igual que durante 20 años lo hicieron sus predecesores. Las víctimas de los ataques suelen ser defensores de los derechos humanos, sindicalistas, víctimas de los paramilitares que exigen justicia y miembros de la comunidad que no aceptan sus órdenes. Los abusos son "generalizados" y "es poco el esfuerzo del Estado colombiano para enfrentar a las nuevas bandas criminales”. El gobierno no está garantizando los recursos que requieren las unidades de la Policía que combaten a los grupos aludidos ni para los fiscales que investigan los casos criminales. El gobierno ha toma el camino más fácil: “lo asume como un informe elaborado por una entidad que tiene intenciones políticas y no acepta el documento porque  no lo deja maquillar por la oficina de prensa”.